John Maynard Keynes jamás fue un apologista de la temeridad. Defendió, sí, la intervención del Estado, el estímulo a la demanda agregada y la protección del empleo frente a las fallas del mercado; pero también reivindicó que ninguna política económica puede desligarse de sus condiciones materiales, de su contexto productivo ni de sus efectos secundarios. «Lo difícil no es aceptar ideas nuevas, sino escapar de las viejas», escribió en La teoría general; y, sin embargo, tan peligroso como aferrarse a dogmas caducos es invocar a Keynes para justificar decisiones que él mismo habría considerado imprudentes.

El decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó el Salario Mínimo Legal Vigente para 2026 con un aumento del 23,7 %, llevándolo a dos millones de pesos —incluido el auxilio de transporte—, plantea precisamente el problema de un keynesianismo invocado en el discurso, pero tensionado en la práctica. No se trata de negar la legitimidad de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación. Por el contrario, esa política, aplicada con moderación en los últimos tres años, fue coherente con la lógica keynesiana de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, dinamizar la demanda interna y amortiguar los choques sociales de una economía desigual; de ahí que el problema no es el «sí», sino el «cuánto» y el «cómo».

Con base en la teoría keynesianista, el salario es a la vez ingreso y costo. Aumentarlo puede expandir el consumo, pero también puede contraer el empleo si se hace en un contexto de baja productividad, alta informalidad y débil estructura empresarial. En Colombia, el salario mínimo equivale aproximadamente al 90 % del salario mediano; en la OCDE, esa relación ronda el 55 %. Y Keynes insistía en que las políticas económicas debían ser sensibles a las instituciones concretas de cada país; de manera que ignorar esa desproporción estructural y decretar un aumento que cuadruplica la inflación y supera ampliamente el crecimiento de la productividad no es audacia teórica, sino voluntarismo político.

El presidente Petro argumenta que los aumentos del salario mínimo generan empleo y que quienes lo cuestionan son «anticientíficos». Empero Keynes, que desconfiaba profundamente de las generalizaciones mecánicas, habría sido el primero en poner en duda esa afirmación categórica, porque la evidencia internacional muestra efectos heterogéneos, dependientes del nivel relativo del salario mínimo, de la elasticidad del empleo y de la informalidad.

Sin embargo, en un país donde solo uno de cada diez trabajadores gana el salario mínimo y más de la mitad es informal, un aumento desproporcionado corre el riesgo de beneficiar a una minoría formal mientras empuja a muchos otros hacia la precariedad o el desempleo. Los datos recientes del DANE indican que entre enero y octubre de 2025, los asalariados con ingresos iguales o superiores al mínimo se redujeron en 427 mil, mientras crecían los trabajadores con ingresos inferiores y los independientes informales.

El segundo argumento del presidente es sumamente Positivista; pues, asume el salario mínimo como expresión del «mínimo vital». Dicha noción es jurídicamente respetable y socialmente atractiva, pero insuficiente para orientar una política macroeconómica, siendo que Keynes no despreciaba los fines éticos, pero insistía en que los medios importan. Un salario mínimo desligado de la productividad, de la capacidad fiscal del Estado y de la sostenibilidad de las empresas puede terminar erosionando aquello que dice proteger. Si el salario mínimo debe garantizar un mínimo vital independientemente de los mercados, cabe preguntar —como ejercicio de honestidad intelectual— por qué no se adoptó antes y por qué se hace ahora, al final del mandato, trasladando los costos a un próximo gobierno.

Los efectos colaterales del decreto no son menores. La indexación generalizada al salario mínimo encarecerá bienes y servicios básicos, incluyendo la vivienda de interés social, cuyo precio pasará de 192 a más de 235 millones de pesos. Aumentarán los costos de las MiPymes, que generan cerca del 80 % del empleo formal, en una economía que creció alrededor del 3,5 %, con una productividad cercana al 0,9 %. Aumentarán también los gastos públicos, las presiones fiscales y los costos del sistema pensional y de salud. Todo ello puede obligar al Banco de la República a endurecer la política monetaria, neutralizando el estímulo inicial a la demanda. Keynes predicó que «el boom, no la recesión, es el momento adecuado para la austeridad»; aquí, paradójicamente, se actúa como si el crecimiento fuese exuberante cuando es apenas moderado, de mediocre comportamiento para ser una economía que aspira a alcanzar a las más desarrolladas.

No obstante, nada de ello implica desconocer que la medida resultará positiva para la décima parte de los trabajadores que reciben el salario mínimo; pues, el aumento significará un alivio inmediato y un incremento real del ingreso. En el corto plazo, habrá un estímulo a la demanda agregada. Pero incluso desde un keynesianismo consecuente, ese impulso solo es virtuoso si se traduce en mayor producción nacional y empleo formal. Si el mayor consumo se canaliza hacia bienes importados —en una economía abierta y sin políticas de protección productiva—, el efecto multiplicador se diluye y el beneficio se exporta.

Así pues, ¿estamos ante una política contracíclica responsable o ante una decisión de alto rédito político y costos diferidos? Keynes jamás defendió la improvisación ni el desprecio por las restricciones reales. Subir el salario mínimo por encima de la inflación puede ser progresista; hacerlo cuatro veces por encima de ella, en un país con alta informalidad y bajo crecimiento de la productividad, es una apuesta riesgosa.

El debate, lejos de la polarización, debería centrarse en cómo articular salarios dignos con productividad, formalización, protección del mercado interno y sostenibilidad fiscal. Sin ese andamiaje, el aumento decretado corre el riesgo de convertirse —para usar una metáfora cara a Keynes— en un estímulo que enciende la mecha, pero que no construye la máquina. Y cuando la euforia pase, la cuenta —como casi siempre— la pagarán muchos más de los que hoy celebran.