El caso que desvela el pacto siniestro entre capital internacional, paramilitarismo y poder político en Colombia.
El banano manchado de sangre
Colombia acaba de escribir una página crucial en su historia judicial: por primera vez, se condena a directivos de una multinacional por financiar el terror paramilitar. El Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia sentenció a 7 ejecutivos de Banadex, filial de la multinacional Chiquita Brands, a 11 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado. La cifra de la multa impuesta —$13.879 millones de pesos— palidece frente al horror que sus decisiones provocaron: asesinatos, desplazamientos forzados, masacres.
Pero lo verdaderamente perturbador de este caso no es solo la magnitud del daño, sino el nivel de cinismo con el que se operó: Chiquita Brands financió a las AUC —Autodefensas Unidas de Colombia— bajo el argumento de que no sabían que estaban cometiendo un delito. ¡Como si el paramilitarismo no dejara a su paso cadáveres, no discursos!
Alias “Pedro Bonito”: El puente entre el banano y el fusil
La sentencia judicial identificó a Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como el enlace entre Chiquita Brands y el Bloque Bananero de las AUC. Esta conexión no era fortuita, era estructural. Se realizó a través de las Convivir, esa figura supuestamente legal que funcionó como puerta de entrada institucional al paramilitarismo. Es decir, las AUC no se infiltraron en el sistema: fueron parte del sistema.
Entre 1997 y 2004, más de 100 pagos ilegales se ejecutaron bajo conocimiento, aprobación y logística empresarial. La casa matriz sabía. Y calló. Porque en Colombia, el negocio es más rentable cuando se siembra con plomo.
El fallo explicó que la empresa utilizó a las organizaciones llamadas Convivir, que fueron germen de los grupos paramilitares, que, aunque en la «fecha de los hechos gozaban de presunción legal», ya «habían sido permeadas por las Autodefensas para obtener esos recursos».«Esa financiación era de conocimiento de todos los directivos, quienes tuvieron una participación necesaria de acuerdo con el rol que desempeñaban en la compañía y debidamente aprobada por sus superiores en la casa matriz», señala el fallo.
Lo que sorprende no es la condena colombiana, sino que haya tardado tanto. Ya en 2024, un jurado de Florida había condenado a Chiquita Brands a pagar $38,3 millones de dólares a víctimas de su colaboración con las AUC. El juicio civil dejó claro que Chiquita no actuó bajo coerción ni amenaza inminente. Actuó por conveniencia. En el manual de negocios de la compañía, la vida de los campesinos colombianos fue una externalidad prescindible.
Pero hay más: el jurado estadounidense fue más allá y calificó esa colaboración como una “actividad peligrosamente imprudente”, consciente y decidida. Una forma elegante de decir: pagaron para que mataran.
El silencio del Estado colombiano
Ahora que la justicia habló, el país no puede seguir actuando como si esto fuera una anomalía. Porque no lo es. Como lo señala Alejandro Nieto, en su análisis sobre el desgobierno de lo público, la corrupción estructural no opera con errores: opera con diseño. La impunidad de los poderosos, la resignación de la ciudadanía y la complicidad estatal construyen un sistema que protege a criminales de cuello blanco… o manchado de sangre.
Durante años, el Estado colombiano hizo la vista gorda. Porque el Urabá, ese rincón olvidado pero estratégicamente fértil, fue zona de control económico, no de derechos humanos. Allí, la seguridad la prestaban los fusiles alquilados por empresas, mientras los organismos de control se limitaban a blindar con leyes lo que la codicia ya había pactado.
Los condenados son Charles Dennis Keiser, gerente general de Banadex S. A. desde los años 90 al 2000. Además, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, quien fue abogado de Banadex S. A. y representante legal desde 1994 hasta 1998, e integrante de la junta directiva.
También cubre la sentencia a Víctor Julio Buitrago Sandoval, un exoficial del Ejército quien fue jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia en la región de Santa Marta y el Urabá; John Paul Olivo, un contador oriundo de Chicago, quien fungió como contralor de Banadex S. A.; Fuad Alberto Giacoman Hasbún, un hondureño excontralor de la firma; y Álvaro Acevedo González, gerente general y representante legal de Banadex.
El último en la lista es José Luis Valverde Ramírez, también gerente general y representante legal desde el 2000 hasta el 2002.
No obstante, el fallo advierte que sobre este procede apelación.
¿Justicia o excepción?
La pregunta que queda flotando es brutal en su sinceridad: ¿se ha hecho justicia o simplemente se sacrificó a unos pocos para encubrir a los verdaderos arquitectos del horror? ¿Dónde están los políticos, los militares, los empresarios nacionales que también se beneficiaron de este modelo de guerra empresarial?
La verdad es que la política rara vez ocurre en la luz pública. Se cuece en reuniones privadas, acuerdos sin actas, donde la ética no tiene pase de entrada. Y Chiquita fue uno de los invitados más frecuentes a ese salón oscuro.
El despertar de la sociedad civil: la verdadera rendición de cuentas
Ante este panorama, el civismo y la organización de la sociedad civil se convierten en la única herramienta capaz de garantizar que estos crímenes no vuelvan a repetirse. Cada acto ciudadano de vigilancia, cada denuncia, cada insistencia por la verdad, es un voto por una Colombia distinta.
Y como lo explica Buchanan en Sociedad civil, es en la acción de los ciudadanos —y no en la clemencia de los poderosos— donde reside el verdadero poder constitucional. Esta condena no debe verse como el final, sino como una señal de que la justicia es posible si la exigimos con fuerza y constancia. Lo que está en juego no es solo el pasado, sino el tipo de país que queremos dejar a nuestros hijos.
