En un país donde la tierra ha sido históricamente fuente de poder, riqueza y conflicto, la reciente revelación del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, sobre congresistas investigados por ocupación de predios baldíos, destapa una vez más las entrañas de un sistema que opera en las sombras. No estamos ante un simple caso de irregularidades administrativas; presenciamos la manifestación de un entramado de poder que ha permitido, durante décadas, que quienes crean las leyes sean precisamente quienes las evaden para beneficio propio.
La investigación, que ya había sido adelantada según revelaciones de El Espectador, no es un hecho aislado. Representa la punta del iceberg de un mecanismo invisible que ha permitido la concentración de tierras en Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la propiedad rural en América Latina. Los predios baldíos, que por ley deberían destinarse a campesinos sin tierra, han terminado en manos de poderosos, incluyendo a quienes tienen la responsabilidad de legislar para evitar precisamente este tipo de apropiaciones.
El anuncio realizado durante el consejo de ministros no solo pone en evidencia a los legisladores involucrados, sino que expone las grietas de un sistema diseñado para perpetuar privilegios. La promesa de «todas las garantías procesales» para que los congresistas expliquen la procedencia de sus tierras suena a una formalidad necesaria, pero insuficiente ante la magnitud del problema estructural que representa.
El depredador de tierras con toga
Detrás de la sonrisa calculada y el discurso pulido de Marcos Daniel Pineda se esconde un maestro de la manipulación política y la apropiación indebida. Este senador conservador, quien fuera alcalde de Montería, ha perfeccionado el arte de la doble moral: mientras en público se presenta como defensor del orden y las tradiciones, en privado teje una red de intereses que le ha permitido acumular poder y riqueza a costa del patrimonio público.
Su vinculación con la apropiación de predios baldíos en Cereté, Córdoba, no es casualidad sino la continuación de un patrón perverso que ha caracterizado su carrera política. Como parte de la élite cordobesa, Pineda ha sabido navegar entre escándalos, incluyendo menciones en el tristemente célebre «cartel de la toga», donde su nombre resonó entre los pasillos judiciales.
Lo verdaderamente perturbador de Pineda no son solo sus actos, sino su capacidad para evadir consecuencias. Con la habilidad de un camaleón político, ha sabido cambiar de colores según la conveniencia, manteniendo siempre intacta su red de influencias. Su rechazo público a críticas presidenciales mientras silenciosamente acapara tierras destinadas a campesinos sin recursos, revela la profundidad de su hipocresía.
En Cereté, donde ahora se le investiga, los locales hablan en voz baja de cómo las tierras «aparecen» a nombre de personas cercanas al senador, mientras los verdaderos campesinos siguen esperando la reforma agraria prometida por décadas. Pineda representa la perpetuación de un sistema feudal en pleno siglo XXI, donde el poder político se traduce en acumulación territorial, continuando el ciclo de desigualdad que ha desangrado al campo colombiano.
El ciclo secreto de la apropiación de baldíos en Colombia
Para comprender la verdadera dimensión de este caso, debemos adentrarnos en el ciclo secreto que ha permitido la apropiación indebida de tierras públicas en Colombia. Un sistema que opera bajo una lógica invisible para el ciudadano común, pero perfectamente comprensible para quienes manejan los hilos del poder.
La historia de la apropiación de baldíos en Colombia es la historia de la concentración de la tierra. Desde la época colonial, pasando por las reformas agrarias fallidas del siglo XX, hasta las más recientes leyes que pretendían limitar la acumulación de baldíos, el resultado ha sido el mismo: la tierra termina en manos de quienes tienen el poder político y económico para apropiársela.
El mecanismo es sofisticado pero efectivo: primero, se ocupan tierras en zonas remotas, aprovechando la débil presencia estatal; luego, se legalizan mediante diversos artificios jurídicos, desde la falsificación de títulos hasta la creación de empresas fachada; finalmente, se consolida la propiedad mediante influencias políticas que garantizan la impunidad. Todo esto mientras se legisla, paradójicamente, para evitar estas mismas prácticas.
Lo que hace particularmente grave este caso es que los presuntos responsables son precisamente quienes tienen la función constitucional de crear las leyes que regulan la distribución de la tierra. La pregunta inevitable surge: ¿cómo pueden ser imparciales en la creación de normas sobre distribución de tierras quienes se benefician directamente de sus vacíos?
El impacto oculto en las comunidades rurales
Detrás de cada hectárea de baldío apropiada indebidamente hay una familia campesina que pierde la oportunidad de acceder a la tierra. El impacto de estas apropiaciones va mucho más allá de lo legal o lo político; tiene consecuencias directas en la vida de miles de colombianos que ven frustradas sus posibilidades de desarrollo y bienestar.
La concentración de la tierra no solo perpetúa la pobreza rural, sino que alimenta el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la degradación ambiental. Cuando los baldíos, que deberían ser un instrumento de redistribución y justicia social, terminan en manos de poderosos, se refuerza un ciclo de desigualdad que ha marcado la historia colombiana.
Las comunidades rurales, especialmente aquellas en zonas de frontera agrícola donde se concentran los baldíos, son las principales afectadas por estas prácticas. Sin acceso a la tierra, los campesinos se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, migrar a las ciudades o, en el peor de los casos, vincularse a economías ilegales como única alternativa de supervivencia.
La radiografía profunda de un sistema diseñado para fallar
Para entender cómo hemos llegado a este punto, es necesario realizar una radiografía profunda del sistema de administración de tierras en Colombia. Un sistema que, lejos de ser disfuncional por accidente, parece diseñado para favorecer la concentración y la apropiación indebida.
La debilidad institucional no es casual. La falta de un catastro actualizado, la superposición de competencias entre entidades, la corrupción en los procesos de adjudicación y la ausencia de mecanismos efectivos de control son elementos que han facilitado la apropiación de baldíos. A esto se suma la influencia política que han ejercido históricamente los grandes propietarios en la configuración de las políticas agrarias.
Las leyes que supuestamente limitan la acumulación de baldíos, como la Ley 160 de 1994, han sido sistemáticamente burladas mediante diversos artificios jurídicos. La creación de múltiples empresas para adquirir predios contiguos, la utilización de testaferros, la falsificación de documentos y la manipulación de procesos administrativos son prácticas comunes que han permitido la concentración de tierras públicas en pocas manos.
Lo más preocupante es que estas prácticas no son nuevas. Han sido denunciadas durante décadas por organizaciones campesinas, académicos y defensores de derechos humanos, sin que se hayan tomado medidas efectivas para detenerlas. La impunidad ha sido la regla, no la excepción.
La puerta transparente: hacia una verdadera reforma agraria
Ante este panorama, la investigación de la ANT representa una oportunidad para abrir una puerta transparente hacia una verdadera reforma agraria en Colombia. No se trata solo de sancionar a los congresistas involucrados, sino de desmontar el sistema que ha permitido estas apropiaciones y construir uno nuevo basado en la equidad y la justicia social.
Para lograrlo, es necesario fortalecer la institucionalidad agraria, actualizar el catastro rural, implementar mecanismos efectivos de control y, sobre todo, garantizar la participación de las comunidades rurales en la toma de decisiones sobre la tierra. Solo así se podrá romper el ciclo de concentración y exclusión que ha caracterizado la historia agraria colombiana.
La verdadera reforma agraria no consiste solo en redistribuir tierras, sino en transformar las relaciones de poder que han permitido su concentración. Implica reconocer que la tierra no es solo un factor de producción, sino un elemento fundamental para la construcción de paz, democracia y desarrollo sostenible.
La verdad oculta: más allá de los nombres
Aunque el anuncio de la ANT ha generado expectativa sobre los nombres de los congresistas investigados, lo verdaderamente importante no son las identidades individuales, sino el sistema que han representado y del que se han beneficiado. La verdad oculta detrás de este caso va mucho más allá de quiénes son los investigados; lo fundamental es comprender cómo opera el mecanismo que les ha permitido apropiarse de tierras públicas.
Este caso debe servir para cuestionar no solo a los individuos involucrados, sino a un modelo de desarrollo rural que ha favorecido la concentración de la tierra y la exclusión de los campesinos. Un modelo que ha sido defendido y promovido desde el Congreso de la República, precisamente por quienes ahora están bajo investigación.
La sociedad colombiana tiene derecho a conocer no solo los nombres de los congresistas investigados, sino los mecanismos que utilizaron para apropiarse de los baldíos, las redes de complicidad que los apoyaron y los impactos que estas apropiaciones han tenido en las comunidades rurales. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera transformación del campo colombiano.
Conclusión: la conexión perdida entre el poder y la ciudadanía
El caso de los congresistas investigados por ocupación de predios baldíos evidencia la conexión perdida entre el poder político y la ciudadanía en Colombia. Una desconexión que ha permitido que quienes deberían representar los intereses colectivos utilicen su posición para beneficio propio, a costa del bienestar de las comunidades rurales.
Recuperar esta conexión implica no solo sancionar a los responsables, sino transformar el sistema que ha permitido estas prácticas. Implica construir una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, basada en la transparencia, la participación y el compromiso con el bien común.
La investigación de la ANT representa un paso importante, pero insuficiente. El verdadero cambio vendrá cuando la sociedad colombiana comprenda que la concentración de la tierra no es un problema técnico o legal, sino político; cuando entienda que detrás de cada hectárea apropiada indebidamente hay una historia de exclusión y despojo que afecta a toda la sociedad.
Solo entonces podremos avanzar hacia un modelo de desarrollo rural inclusivo y sostenible, donde la tierra cumpla su función social y ambiental, y donde el poder político esté al servicio de la ciudadanía, no de intereses particulares. La verdad no solo se lee, se siente. Y es hora de sentir la verdad sobre la tierra en Colombia.
