A Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y candidato de modales finos, le tomó dos años ser notificado de lo que debió ser evidente desde el primer día: estaba inhabilitado para ocupar una curul en el Concejo de Bogotá. La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección, aduciendo que había firmado un contrato con el Estado meses antes de los comicios de octubre de 2023. Un detalle jurídico que no era secreto para nadie, pero que el Consejo Nacional Electoral convenientemente ignoró.
¿Torpeza burocrática? ¿O más bien esa mezcla de negligencia y protección sistémica que caracteriza al «Sistema Silencioso» que perpetúa la corrupción en Colombia?
Un contrato, una inhabilidad y dos años de sueldo
El contrato que selló la inhabilidad fue firmado el 20 de junio de 2023 con el Fondo Nacional de Garantías, justo en el mismo territorio donde Oviedo se postuló. La ley es clara: quien aspire a cargos públicos no puede tener vínculos contractuales con el Estado en el ámbito de su postulación durante el año previo a las elecciones.
La norma fue ignorada, primero por Oviedo —que se presentó como si nada— y luego por el CNE, que avaló su elección sin objeción. Así, el ahora precandidato presidencial cobró más de $200 millones en sueldos de concejal.
Y aquí no hablamos de un error técnico. Se trata de una omisión que solo puede explicarse desde la lógica de la corrupción estructural descrita por Alejandro Nieto: una burocracia diseñada no para servir al ciudadano, sino para blindar a los que detentan el poder.
El CNE: ¿guardianes de la legalidad o cómplices de la farsa?
La pregunta que flota como un zancudo en un cuarto oscuro es: ¿por qué el CNE no actuó a tiempo? Si han sido implacables con otras candidaturas por faltas similares o menores, ¿qué hizo que se hicieran los de la vista gorda en este caso?
La respuesta, tal vez, está en esa arquitectura invisible del poder: una red de intereses que negocia bajo la mesa lo que el ciudadano vota en las urnas. Oviedo, recordemos, es una figura que emergió durante el gobierno de Iván Duque, con respaldo tecnocrático y simpatías mediáticas. No es cualquier político: es una pieza del engranaje que administra lo público desde lo privado, con el disfraz de la eficiencia.
Una curul heredada, una justicia lenta y una democracia disfuncional
Mientras el fallo salía del horno, Oviedo ya había renunciado al Concejo, el 29 de mayo de 2025, para lanzar su precandidatura presidencial. La curul fue ocupada por Jairo Avellaneda, de Colombia Humana, gracias a la aplicación de la cifra repartidora. Pero el hecho de que haya sido reemplazado no borra la vergüenza institucional: un inhabilitado legisló durante casi dos años en la capital, con el beneplácito de todos.
Y sí, el Consejo de Estado cumplió su deber. Pero lo hizo tarde. Cuando la plata ya se gastó. Cuando las decisiones ya se tomaron. Cuando el daño ya estaba hecho.
¿Y ahora qué, señor Oviedo?
Lejos de un acto de contrición, Oviedo ha respondido a la sanción con una sonrisa de campaña. Inscribió su comité de recolección de firmas para lanzarse a la Presidencia y prometió una lista cerrada al Congreso. Como si nada. Como si no hubiera pasado nada.
Pero sí pasó. Pasó que se burló de la ley. Que se aprovechó de una estructura institucional lenta y selectiva. Que mostró cómo en Colombia se puede violar la legalidad, recibir salario del erario y luego aspirar a la Presidencia sin sonrojarse.
Civismo: la vacuna contra la arrogancia política
Frente a este espectáculo, no queda más que reafirmar una convicción que debe guiarnos como sociedad: el civismo no es una cortesía decorativa, es la base de una república decente. Cuando respetamos lo público y exigimos rendición de cuentas, no solo ejercemos ciudadanía, sino que construimos el tipo de país en el que vale la pena vivir.
Porque sí, es indignante ver a un funcionario inhabilitado ocupando cargos. Pero más grave es la indiferencia de quienes lo permiten. Y más aún, la resignación de quienes lo toleran.
