Por: Melisa Gutierrez P.
Politóloga (Uninorte).
En Barranquilla y su área metropolitana hemos aprendido a vivir con miedo como si fuera parte del clima: un elemento fijo, inevitable, que se respira y se acepta. El problema no es solo la violencia que estalla en los barrios —las balaceras, las extorsiones disfrazadas de “vacunas”, los homicidios que ya nadie alcanza a contar con precisión— sino la normalización absoluta de estos hechos. Nos hemos ido acostumbrando al sonido de los disparos, al cierre abrupto de colegios, a los anuncios de capturas que parecen no cambiar nada y a un discurso oficial que se sostiene en treguas frágiles entre organizaciones criminales. Mientras tanto, las comunidades continúan expuestas y los gobiernos locales reaccionan, pero no lideran.
Las últimas semanas han sido especialmente perturbadoras. En Soledad, un panfleto circuló con la frase “educación o plomo”, señalando a por lo menos ocho docentes de instituciones como Villa María y Gabriel Escorcia Gravini. La amenaza fue suficiente para que la Alcaldía tuviera que activar un plan de emergencia, reubicar temporalmente a los profesores y convocar a un consejo de seguridad con todas las fuerzas disponibles: Policía del Distrito 6, Sijín, Gaula, Infancia y Adolescencia. Que un maestro tenga que abandonar su escuela por miedo a ser asesinado debería ser un escándalo nacional, una alarma que sacudiera a todo el país. Pero aquí apenas ocupa unos días de conversación antes de hundirse en el archivo de las noticias policiales.
Y es que noviembre volvió a demostrar que vivimos en un territorio donde se asesina más rápido de lo que se reacciona. En apenas 18 días, Barranquilla y su área metropolitana registraron 33 homicidios. Solo en la capital, el conteo preliminar llegó a 23. Soledad sumó 7, Malambo 1 y Galapa 2. En el resto del Atlántico se contabilizaron 8 asesinatos adicionales. Es decir, 41 vidas apagadas en menos de tres semanas. Más muertos que días. Más cifras que duelos. Y más preguntas que respuestas.
Lo preocupante es que la violencia no está concentrada en un solo punto ni responde únicamente a disputas directas entre bandas. Analistas explican que en barrios como Villa de Cordialidad o Loma Roja los ataques armados parecen estar relacionados con la disputa por territorios que quedaron “vacíos” tras capturas y bajas de cabecillas. Cuando el Estado golpea una estructura criminal, otra llega a ocupar su espacio. Es un fenómeno circular y predecible, pero al que las administraciones locales siguen respondiendo con medidas reactivas, no estructurales.
El director del Observatorio de Seguridad, Janiel Melamed, ha señalado una paradoja: mientras Barranquilla muestra una ligera reducción cercana al 8% en los homicidios intencionales, el departamento en su conjunto enfrenta un aumento de más del 36% en comparación con el año anterior. Es un desplazamiento de la violencia. La ciudad se “alivia”, pero a costa de que municipios tradicionalmente más tranquilos experimenten una presión cada vez mayor por la expansión del microtráfico y la lucha por el control de corredores estratégicos.
Esta situación contrasta con las cifras que en octubre celebraron las autoridades locales: una reducción del 43% en los homicidios y del 88% en las extorsiones en el marco de la tregua pactada entre los grupos criminales Los Costeños y Los Pepes. El Gobierno incluso destacó capturas recientes —alrededor de 48 presuntos miembros de estructuras multicrimen— y disminuciones significativas en hurtos al comercio, a personas y a motocicletas. La Dirección Nacional de Inteligencia habló de reducciones que alcanzaron el 84% en la extorsión y el 57% en el homicidio desde el inicio de la tregua.
Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿puede una ciudad confiar su tranquilidad a la buena voluntad temporal de organizaciones criminales? ¿Desde cuándo la seguridad depende de que dos grupos armados decidan parar los ataques? Aún más inquietante resulta saber que el Gobierno nacional estudia la posibilidad de trasladar a los cabecillas de estas bandas a cárceles de Barranquilla para abrir mesas de diálogo dentro del proyecto de “paz total”. ¿Qué mensaje recibe entonces la ciudadanía? ¿Que la institucionalidad se construye alrededor de los acuerdos con quienes generan la violencia?
Los alcaldes de Barranquilla, Soledad, Malambo y Galapa —actuales y electos— no pueden permitirse navegar este panorama con comunicados de prensa, consejos de seguridad después del hecho y apelando a que las cifras, a veces, mejoran. El llamado debe ser más firme y articulado: exigir la presencia directa del Gobierno nacional, redoblar las fuerzas en inteligencia, fortalecer los entornos escolares, proteger a los líderes comunitarios y enfrentar de manera decidida el financiamiento criminal que sostiene estos ciclos violentos.
La ciudadanía también tiene un papel que no puede evadir. Normalizar estas tragedias únicamente fortalece a quienes operan desde las sombras. Cada homicidio debe doler, cada extorsión debe ser denunciada, cada amenaza debe movilizar a la comunidad y a las instituciones. No podemos aceptar, como si fuera “lo que hay”, que los docentes sean obligados a abandonar sus aulas o que un mes cualquiera registre más muertos que días. Tampoco podemos permitir que la seguridad sea interpretada como un vaivén dependiente de treguas criminales.
Barranquilla y su área metropolitana necesitan más que resúmenes estadísticos o ruedas de prensa. Necesitan voluntad política real, estrategias sostenidas y una ciudadanía consciente de que vivir con miedo no es, ni debe ser, lo normal. La violencia no se combate resignándose, sino exigiendo que quienes gobiernan actúen con la urgencia y la profundidad que este momento exige.